Muy recientemente, la Junta de Andalucía ha promovido un proceso de participación, de consulta pública, previa a la elaboración del texto del Proyecto de Decreto por el que se apruebe el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en el que ha concurrido la Asociación Dirección Pública Profesional (ADPP), mediante una posición que viene defendiendo en diferentes iniciativas, referida al papel estructural de la dirección pública en la vitalidad de los instrumentos de gobierno abierto, innovación y transformación.
Desde la ADPP mantenemos que la transparencia y la apertura de datos y de gobierno no estarán sólo en manos de la estructura creada en Andalucía a tal fin, tanto la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, las Comisiones de Transparencia de cada Consejería, o las Inspecciones Generales de Servicios, en lo que a órganos administrativos se refiere, y sus unidades administrativas: la Secretaría de Transparencia y las Unidades de Transparencia como el propio Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía como autoridad independiente. Estas actuarán para fijar los criterios generales y en aquellos casos en los que haya fallado el proveedor habitual, que es la persona directiva pública responsable de cada ámbito. En todo caso, para que la transparencia sea real y efectiva, tendrá que estar asumida y aplicada por todas y todos los directivos públicos andaluces. La transparencia no puede ser una función vertical más del gobierno y la administración andaluza, sino que deberá ser transversal a sus estructuras y políticas.
Esa posición, estamos convencidos, sintoniza con el trabajo que viene desarrollando, durante los últimos meses, el gobierno andaluz para impulsar la dirección pública profesional.
Creemos que sería de gran interés que algunos de los elementos que construyen la figura de la dirección pública fueran incluidos en el conjunto de la normativa de la Administración andaluza y sus entidades instrumentales, entre los que pueden estar los siguientes:
1. Fijación de que los objetivos que el DPP debe cumplir durante su mandato se tendrán que registrar de forma independiente junto con sus planes estratégicos y de acción, con la previsión de indicadores para la evaluación de su desempeño.
2. Fijación de las causas de ceses, distintas de la confianza, para el cumplimiento independiente de sus funciones.
3. Vinculación de las retribuciones al cumplimiento de objetivos, de forma pública y transparente.
4. Un sistema de selección transparente.
5. Un sistema de certificación de competencias directivas transparente.
6. Crear un registro del personal directivo público profesional.
Cabe destacar que la ADPP viene impulsando estas posiciones en un conjunto de ellas que bien pueden representar las que integraron el Manifiesto a favor de un Estatuto de la Dirección Pública Profesional del Sector Público de España, que se propuso, en noviembre de 2018:
1. Regulando – desarrollando la normativa existente o impulsando otras en su caso – la figura de la dirección pública profesional, especialmente para las personas que ocupen los puestos de mayor responsabilidad en las empresas y fundaciones públicas de los diferentes niveles territoriales.
2. Dando garantías mediante procesos públicos, abiertos y transparentes, basados en el mérito y la capacidad y a criterios de idoneidad, desarrollados o auditados por terceros independientes.
3. Priorizando a personas que acrediten, de manera fehaciente, entre otras, competencias directivas las relativas a: conducta ética, gobernanza y estrategia, liderazgo e innovación, creación y gestión de equipos, orientación a resultados, comunicación y transparencia, y gestión de recursos públicos.
4. Estableciendo nombramientos por tiempo diferente – preferentemente superior – al del ciclo político y desvinculaciones – ceses – relacionados con el cumplimiento de contratos programa y la correspondiente evaluación del desempeño.
5. Proponiendo retribuciones estimulantes que tengan en cuenta el ámbito privado y hacia variables por cumplimiento de objetivos.
Estamos convencidos de que la implementación adecuada de la Dirección Pública, esa rótula que pone en marcha las relaciones entre política y Administración, con un largo recorrido en los países de tradición anglosajona - RU, EEUU, Australia…- y en los del centro y norte de Europa, pero también en otros como Portugal, Perú o Chile, tiene efectos positivos en la participación, la transparencia, la innovación y la integridad de los Gobiernos y las Administraciones Públicas.
En esa iniciativa han colaborado, entre otros, José Ángel Bernal, Nono Hernández, Fernando Monar, Ana Porras y Lucia Quiroga, miembros de la Junta Ampliada de la ADPP.
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