Ir al contenido principal

Dirección pública y teletrabajo.


Estamos convencidos de que los cambios en la organización del trabajo en las Administraciones, incluido el impulso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en cuanto a métodos de procesamiento electrónico de la información como de contacto y relación entre el personal empleado público y con la ciudadanía, tiene mucho que ver con la presencia - o no – en ellas de personal directivo público con competencias, formación y experiencia adecuadas y con sistemas de selección abiertos – entre otros aspectos - esto es, con la figura del personal directivo público profesional.
Y no sólo porque esta figura fuera prevista en su creación, en la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, precisamente para contribuir decisivamente a la modernización de las Administraciones, sino porque, desde una consideración amplia, está impulsando y liderando en la práctica las iniciativas más transformadoras  en materia de Administración electrónica, innovación, etc., y la divulgación de estas experiencias a través de diversos medios como congresos y publicaciones del sector público, erigiéndose así en los verdaderos influencers de lo público; personas impulsoras (e innovadoras) de la modernización y los cambios.
Como sabemos, la progresiva introducción de las tecnologías está abriendo un nuevo diseño de las organizaciones – hacia otras más en red –, las relaciones que en ellas se producen - menos jerarquizadas -, las relaciones entre ellas y sus clientes – a través de las redes sociales, por ejemplo - , y con las personas  trabajadoras de su organización, que ven desdibujados su jornada y su puesto de trabajo tradicionales, hacia otros que propone el vector digital. 
En sentido positivo, esa capacidad tecnológica está permitiendo reimpulsar la idea del teletrabajo, una fórmula vista con mucho interés por quienes trabajan – a quienes permite ahorrarse muchos desplazamientos y sus costes y tiempos asociados – pero también por las organizaciones – a las que invita  a redefinir procesos – y por las personas responsables de movilidad y medio ambiente de las ciudades – en cuanto que se ocupa menos espacio en vías públicas, menos vehículos en calles, carreteras, aparcamientos… - reduciéndose las emisiones contaminantes.
El nuevo personal directivo público, que está en contra del presentismo y del papeleo, ve en el trabajo a distancia – realizado desde las casas de los empleados, por ejemplo -   una oportunidad para planificar mejor, establecer mejores objetivos y medirlos… orientarse a resultados, desarrollar otros aplicativos y sistemas de comunicaciones para la gestión, obtener un mejor clima laboral… en definitiva mejorar los servicios públicos. Y todo el personal ve un nuevo derecho que les permitirá añadir más valor a su trabajo y conciliar mejor. Ganando en calidad laboral (productividad) y en calidad de vida (conciliación, “salario emocional”).
En ocasiones, el propio personal directivo público – como muchos abogados, consultores, arquitectos, directores de proyectos… - protagoniza casos de teletrabajo que también sirven para prototipar la experiencia y generalizarla entre sus colegas. El ejercicio de las funciones directivas tiene, además, una tendencia natural a la orientación a resultados, pasando a un plano absolutamente secundario el presencialismo estricto, y el cómputo de horas “de sillón”. En cuanto a los medios jurídico-técnicos, no cabe duda de que el trabajo en red, el expediente electrónico y su herramienta principal, la firma electrónica, permiten una metodología de trabajo “de escritorio remoto” que permite visualizar el equipo en cualquier lugar y momento, además de tele-reunirse. Todo ello no sólo resulta infinitamente más eficiente, sino que se ajusta a una legalidad vigente en la que el procedimiento es obligatoriamente electrónico, y en consecuencia telemático. De hecho el trabajo burocrático presencial también es siempre telemático, ya que al sistema “le da igual” si la persona trabajadora se encuentra a 2 metros o a 2.000 kilómetros.
Las Administraciones tienen, entonces, además de todos los argumentos, que ya viene facilitando la OIT, todos los datos para poder decidir cómo dimensionan – no si las dimensionan o no, porque ese camino no tiene ya retorno - sus estrategias de teletrabajo, esto es, cuantos puestos, cuando, cómo, etc. 
En otro terreno, como es el de la salud, hemos visto muy recientemente cómo un profesional de altísimo nivel interactuaba a distancia con otros colegas para realizar un trabajo de gran especialización. “El reconocido experto en cirugía digital y robotizada Antonio de Lacy, jefe del servicio de cirugía gastrointestinal del hospital Clínic y director del Instituto Quirúrgico Lacy (IQL) – recoge la revista National Geographic España - dirigió desde una sala de l’Hospitalet del Llobregat, localidad donde se celebra el evento, en una operación a través de un lápiz táctil y una tablet, desde donde ordenaba los pasos a seguir a un equipo de cirujanas que se encontraba en el quirófano de última generación Optimus del Hospital Clínic de Barcelona”.
Sigamos avanzando en las smart cities pero también en las smart Administraciones.
Más de un 50% de las personas, según una encuesta al respecto, están a favor del teletrabajo y solo un 4% radicalmente en contra. La cobertura legal es más que clara. Las ventajas innumerables. Esperemos que los decisores públicos estén con la mayoría, la mayoría que vive en el s. XXI.

Víctor Almonacid, Lorena Andreu, Sergio Benítez, Isabel Bermúdez, Gerardo Bustos, Concepción Campos, Manuel Castaño, Fermín Cerezo, Benjamín Cogollos, Borja Colón, Bernat J. Ferrer, Alberto de la Fuente, Fernando Gallego, Carlos Hernández, Nono Hernandez, Rodrigo Martín, Domènec Martínez, Fernando Monar, Ascen Moro, Esther Pérez Alonso, Ana Porras, Fernando del Prado, Manuel Serrano, María J. Suasi, Carlos Suso, Enrique J. Varela y Antonio Villaescusa, son miembros de la Asociación de Dirección Pública Profesional, de España.

Comentarios

Entradas populares de este blog

La transición hacia un modelo de dirección pública integral en un gobierno regional. El caso de Andalucía.

Quienes apoyamos decididamente la institución de la dirección pública profesional  (DPP) hemos visto con satisfacción el acuerdo de gobierno entre el PP y Cs para Andalucía, que suma un impulso más a esta figura, con un significado especial por la importancia de aquella Comunidad Autónoma.    Es verdad que quienes se sitúan en el lugar más exigente de la promoción de la DPP  pueden decir que habrá que esperar para congratularse del todo, a conocer asuntos como el plazo de desarrollo del acuerdo, porque no es igual aprobar “un Proyecto de Ley de Despolitización [1] de la Junta de Andalucía que garantice la profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas” [2] en el primer año de gobierno, con vocación de implantar la normativa en los siguientes tres  años, que hacerlo en los últimos meses de legislatura. Así, se quedaría en un brindis al sol. Tenemos sobradas experiencias para saber que el

Manifiesto a favor de un estatuto de la dirección pública profesional del sector público de España

MANIFIESTO A FAVOR DE UN ESTATUTO DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL DEL SECTOR PÚBLICO DE ESPAÑA Nuestro entorno institucional internacional hace tiempo que viene apostando por una dirección pública profesional en el sector público empresarial y fundacional, ya que es evidente que este sector será clave en el proceso de fuertes transformaciones derivadas de los cambios tecnológicos y culturales que se están produciendo en esos ámbitos, y que se incrementarán con la presencia masiva de la robotización en los años próximos. En nuestro país , las oportunidades y avances que abrieron la ley del Estatuto Básico del Empleado Público en algunos ámbitos y la ley de Agencias, o no se han producido con la intensidad necesaria, o han desaparecido. En el primer caso encontramos el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, que apostaba con claridad por esa figura de dirección pública que estaba llamada  “a constituir en el futuro un factor decisivo de modernización”, previendo que las

Reforma del servicio civil superior en Francia: Macron anuncia la supresión de los Grandes Cuerpos y la ENA.

En breve estrenaremos un Gobierno de la Nación y también los de muchas comunidades autónomas y entidades locales, que estarán obligados a pactar para gobernar y dedicar mucho más tiempo a la política que a la gestión. Quizá sea el momento, opinamos desde la Asociación - con cuatro años por delante - , de acometer, de una vez por todas, una transformación en todos los niveles directivos de todas las Administraciones, empresas, autoridades independientes, sociedades, fundaciones y demás entidades del sector público. Paradójicamente - a nuestros ojos, tan poco amigos de cambios -, países con larga tradición de generación de altos empleados con vitola de éxito, como Francia con su ENA, ya han incluido en su agenda de reformas una revisión tan profunda de su modelo que algunos hablan de que no se debe excluir su supresión, en busca de un modelo más moderno. Aquí os dejamos un extracto sobre la reforma propuesta en Francia (artículos de Marie-Christine Corbier en Les Echos) https://ww