Publicado en Mas Jerez 27/1/2019.
Un diario de difusión nacional se hace eco de un comentario de uno de los nuevos consejeros de la Junta de Andalucía que, según la información, está viviendo “con agobio” el nombramiento de personas de alta dirección de su ámbito de responsabilidad.
Es lógico que pensemos que esta situación será excepcional porque, lo habitual, es que la disponibilidad de aspirantes sea mayor que la oferta de puestos disponibles, pero también que es frecuente que esa demanda no siempre cumpla los requerimientos mínimos y se produzca algún desajuste.
Y eso que, muchas veces, quienes reclutan se conforman con bien poco. No es el caso de algún otro responsable ya que, según la información citada, el que fuera seleccionador de baloncesto, Javier Imbroda, ahora consejero de Educación y Deporte, lo tiene claro y ha comentado que quiere “a gente con capacidad técnica, con experiencia de gestión y también con experiencia política para todos los asuntos relacionados con el Parlamento, y multidisciplinar”.
Podemos deducir que ese perfil se parece bastante al que se viene proponiendo desde la Asociación de Dirección Pública Profesional (ADPP), por ejemplo, en nuestro último manifiesto sobre dirección pública en empresas y fundaciones públicas.
El acuerdo entre PP y Ciudadanos MEDIDAS DE DESARROLLO Y PROSPERIDAD PARA UN NUEVO GOBIERNO EN ANDALUCÍA es afinado en este tema, por ejemplo cuando se refiere en el punto 4.4 a que los directivos públicos más relevantes “serán elegidos siempre por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo. Estarán sujetos a una evaluación continua de su desempeño y serán cesados por las causas justificadas que se desarrollen en la ley”. Y es preciso cuando afirma que “pondremos las empresas públicas bajo una dirección profesionalizada y (…) Queremos que la gestión de las mismas se haga siguiendo criterios profesionales y empresariales que busquen maximizar su rendimiento en beneficio de todos los andaluces.”
Si se logran llevar a cabo esas declaraciones estaremos ante la primera vez en España que un gobierno, de cualquier color, impulsa un proceso tan intenso y comprometido, similar a lo que hacen los demás países de nuestro entorno y las instituciones europeas.
Cabría perfilar algo mas esas ideas como, por ejemplo, lo que nuestra asociación viene defendiendo en cuanto a la importancia de la formación acreditada y de las competencias directivas certificadas. O sea que, además de que una persona candidata a un puesto de alta dirección sepa, por ejemplo qué es lo que está legislado en materia de ética pública – por cierto, no hay referencia directa y concreta en los documentos de que disponemos sobre este asunto, aunque sí en general varias a la lucha contra la corrupción – deberá demostrar que es capaz de desarrollar las conductas observables asociadas. O que, en otros ámbitos, conozca el contenido de lo que es básico - en gobernanza, planificación, evaluación, gestión de equipos…-, pero además sea capaz de pasar de la teoría a la práctica. Por tanto, la certificación de competencias es la mejor de las herramientas en este caso de “agobio”, y la mejor de las opciones para una gestión adecuada de la situación. También es de mucho interés que las personas que ocupan puestos de responsabilidad política y de dirección pública se relacionen desde la racionalidad técnica – mas allá, o en vez de, la emocionalidad personal o partidaria - y dispongan de un contrato programa, un documento aceptado por ambas partes que sea el elemento que permita discernir si la persona directiva está cumpliendo con los objetivos marcados, y sea éste contrato la herramienta para poner en marcha un mecanismo de desvinculación, en su caso.
El instrumento y el sistema de selección también es importante. Los gobernantes responsables han de tener cierta libertad de elegir a sus colaboradores inmediatos pero siempre entre competentes. Portugal se dotó de un instrumento muy transformador al crear la CRESAP, un organismo independiente que, cuando el gobierno necesita una persona de alta dirección, se ocupa de efectuar las convocatorias, de realizar las pruebas selectivas y proponer al gobierno a los mejores en cada caso, para que, de entre ellos, el Ejecutivo elija a la nueva persona alta directiva. Andalucía cuenta con un organismo experto en competencias directivas, el Instituto Andaluz de Administración Pública, que lleva muchos años desarrollando un programa de éxito de mentoría pública y que tiene todo el conocimiento para poder desarrollar esa función. Este instrumento interno tiene la ventaja de conocer muy bien la singular estructura de una Administración tan grande y compleja. Hay otros mecanismos, por ejemplo el externo sistema de certificación de competencias directivas que realiza el Centro de Evaluación y Registro de Personas, CERPER, de la Asociación Española para la Calidad. E incluso podrían diseñarse modelos mixtos interno / externos que multiplicaran la eficiencia de los resultados combinando el conocimiento y la independencia.
La figura de la persona Directiva Pública Profesional Certificada, que desde hace unos años se ha impulsado desde la Fundación para los Compromisos de la Calidad y desde nuestra la ADPP, puede constituir un aval para esa cantera de directivos y directivas evaluados tan necesarios para afrontar el reto de profesionalizar los perfiles de alta dirección.
Finalmente, es imprescindible que se definan sistemas de evaluación del desempeño, tal vez incluyendo contenidos del contrato programa, vinculados a la retribución variable, porque es de todo punto contrario a lo regulado en el EBEP que se dispensen, como antigüedad bis o tris – sin mayor esfuerzo que el paso de los años -, las productividades y las carreras profesionales. Y otra vez, la existencia de mecanismos independientes es decisiva para dar confianza a la ciudadanía. Si además de conseguir incorporar a la Administración pública a personas competentes, seleccionadas desde sistemas independientes, estas tienen vocación y valores públicos, podemos estar ante la gran transformación que venimos defendiendo desde hace años.
Todos sabemos que los cambios en la Administración son muy difíciles pero también que son posibles; estamos ante un momento y unas circunstancias que pueden colaborar al éxito de un potente programa de cambio, de un nuevo paradigma. Colaboremos todos a su éxito.
Firman: Esther Pérez, Manuel Castaño, Carlos Hernández, Manuel Blanco, Ascen Moro, Rafael Serrano, Rodrigo Martin, Javier Bustamante, Fernando del Prado, Isabel Bermúdez y Fernando Monar, son miembros de la Asociación Dirección Pública Profesional.
Y eso que, muchas veces, quienes reclutan se conforman con bien poco. No es el caso de algún otro responsable ya que, según la información citada, el que fuera seleccionador de baloncesto, Javier Imbroda, ahora consejero de Educación y Deporte, lo tiene claro y ha comentado que quiere “a gente con capacidad técnica, con experiencia de gestión y también con experiencia política para todos los asuntos relacionados con el Parlamento, y multidisciplinar”.
Podemos deducir que ese perfil se parece bastante al que se viene proponiendo desde la Asociación de Dirección Pública Profesional (ADPP), por ejemplo, en nuestro último manifiesto sobre dirección pública en empresas y fundaciones públicas.
El acuerdo entre PP y Ciudadanos MEDIDAS DE DESARROLLO Y PROSPERIDAD PARA UN NUEVO GOBIERNO EN ANDALUCÍA es afinado en este tema, por ejemplo cuando se refiere en el punto 4.4 a que los directivos públicos más relevantes “serán elegidos siempre por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo. Estarán sujetos a una evaluación continua de su desempeño y serán cesados por las causas justificadas que se desarrollen en la ley”. Y es preciso cuando afirma que “pondremos las empresas públicas bajo una dirección profesionalizada y (…) Queremos que la gestión de las mismas se haga siguiendo criterios profesionales y empresariales que busquen maximizar su rendimiento en beneficio de todos los andaluces.”
Si se logran llevar a cabo esas declaraciones estaremos ante la primera vez en España que un gobierno, de cualquier color, impulsa un proceso tan intenso y comprometido, similar a lo que hacen los demás países de nuestro entorno y las instituciones europeas.
Cabría perfilar algo mas esas ideas como, por ejemplo, lo que nuestra asociación viene defendiendo en cuanto a la importancia de la formación acreditada y de las competencias directivas certificadas. O sea que, además de que una persona candidata a un puesto de alta dirección sepa, por ejemplo qué es lo que está legislado en materia de ética pública – por cierto, no hay referencia directa y concreta en los documentos de que disponemos sobre este asunto, aunque sí en general varias a la lucha contra la corrupción – deberá demostrar que es capaz de desarrollar las conductas observables asociadas. O que, en otros ámbitos, conozca el contenido de lo que es básico - en gobernanza, planificación, evaluación, gestión de equipos…-, pero además sea capaz de pasar de la teoría a la práctica. Por tanto, la certificación de competencias es la mejor de las herramientas en este caso de “agobio”, y la mejor de las opciones para una gestión adecuada de la situación. También es de mucho interés que las personas que ocupan puestos de responsabilidad política y de dirección pública se relacionen desde la racionalidad técnica – mas allá, o en vez de, la emocionalidad personal o partidaria - y dispongan de un contrato programa, un documento aceptado por ambas partes que sea el elemento que permita discernir si la persona directiva está cumpliendo con los objetivos marcados, y sea éste contrato la herramienta para poner en marcha un mecanismo de desvinculación, en su caso.
El instrumento y el sistema de selección también es importante. Los gobernantes responsables han de tener cierta libertad de elegir a sus colaboradores inmediatos pero siempre entre competentes. Portugal se dotó de un instrumento muy transformador al crear la CRESAP, un organismo independiente que, cuando el gobierno necesita una persona de alta dirección, se ocupa de efectuar las convocatorias, de realizar las pruebas selectivas y proponer al gobierno a los mejores en cada caso, para que, de entre ellos, el Ejecutivo elija a la nueva persona alta directiva. Andalucía cuenta con un organismo experto en competencias directivas, el Instituto Andaluz de Administración Pública, que lleva muchos años desarrollando un programa de éxito de mentoría pública y que tiene todo el conocimiento para poder desarrollar esa función. Este instrumento interno tiene la ventaja de conocer muy bien la singular estructura de una Administración tan grande y compleja. Hay otros mecanismos, por ejemplo el externo sistema de certificación de competencias directivas que realiza el Centro de Evaluación y Registro de Personas, CERPER, de la Asociación Española para la Calidad. E incluso podrían diseñarse modelos mixtos interno / externos que multiplicaran la eficiencia de los resultados combinando el conocimiento y la independencia.
La figura de la persona Directiva Pública Profesional Certificada, que desde hace unos años se ha impulsado desde la Fundación para los Compromisos de la Calidad y desde nuestra la ADPP, puede constituir un aval para esa cantera de directivos y directivas evaluados tan necesarios para afrontar el reto de profesionalizar los perfiles de alta dirección.
Finalmente, es imprescindible que se definan sistemas de evaluación del desempeño, tal vez incluyendo contenidos del contrato programa, vinculados a la retribución variable, porque es de todo punto contrario a lo regulado en el EBEP que se dispensen, como antigüedad bis o tris – sin mayor esfuerzo que el paso de los años -, las productividades y las carreras profesionales. Y otra vez, la existencia de mecanismos independientes es decisiva para dar confianza a la ciudadanía. Si además de conseguir incorporar a la Administración pública a personas competentes, seleccionadas desde sistemas independientes, estas tienen vocación y valores públicos, podemos estar ante la gran transformación que venimos defendiendo desde hace años.
Todos sabemos que los cambios en la Administración son muy difíciles pero también que son posibles; estamos ante un momento y unas circunstancias que pueden colaborar al éxito de un potente programa de cambio, de un nuevo paradigma. Colaboremos todos a su éxito.
Firman: Esther Pérez, Manuel Castaño, Carlos Hernández, Manuel Blanco, Ascen Moro, Rafael Serrano, Rodrigo Martin, Javier Bustamante, Fernando del Prado, Isabel Bermúdez y Fernando Monar, son miembros de la Asociación Dirección Pública Profesional.
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